Más de 80.000 Pensiones No Contributivas por Invalidez Laboral fueron suspendidas o dadas de baja por el Gobierno nacional tras el inicio, en febrero, de una serie de auditorías sobre más de un millón de casos. Del total, 65.230 fueron suspendidas por incumplimientos o inasistencias injustificadas, 8.207 fueron renunciadas de forma voluntaria y 6.643 anuladas por fallecimiento del titular. Con un valor mensual promedio de $289.000 por pensión —que incluye el 70% de la jubilación mínima y un bono de $70.000—, el Estado dejará de desembolsar más de $23.143 millones mensuales, según el cálculo oficial.

También se detectaron situaciones irregulares como beneficiarios presos, prófugos de la justicia y personas con documentación falsa o incompleta. En algunos casos, familiares cobraban la pensión de personas fallecidas, y hubo denuncias de otorgamientos durante actos políticos en años anteriores.

La normativa actual establece que los beneficiarios deben presentarse con su DNI, certificados médicos y, si corresponde, el Certificado Único de Discapacidad. Aquellos que no asisten son intimados mediante carta documento y notificados en los bancos donde perciben el beneficio. Si persiste la inasistencia, se procede a la baja definitiva. Las autoridades remarcaron que el proceso busca garantizar que las pensiones lleguen a quienes realmente lo necesitan y no a quienes accedieron de forma indebida.

Según la ANDIS, la cantidad de pensiones por invalidez se disparó en las últimas dos décadas, pasando de 80.000 en 2003 a más de 1,2 millones en 2023. A través del Decreto 842/2024, el Gobierno endureció los requisitos, creó un nuevo cuerpo médico evaluador y autorizó el cruce de datos con organismos como AFIP, ANSES y PAMI. La auditoría continúa y se estima que la cifra de bajas podría superar las 250.000 al finalizar el proceso.