El Juzgado de Faltas de Resistencia emitió una resolución con enfoque de género en un caso de violencia digital. La jueza Marcela Cortés impuso una multa equivalente a diez salarios mínimos a un hombre identificado como J.I.T., tras constatar que había difundido información falsa y ofensiva sobre su ex pareja con el objetivo de dañar su imagen personal y profesional. La conducta fue encuadrada como infracción a los artículos 63 inciso g) y 68 del Código de Faltas.

La sentencia se apoyó en tratados internacionales como la CEDAW y en legislación nacional, como la Ley 26.485 de protección integral contra la violencia hacia las mujeres. El fallo destacó que se trató de violencia psicológica ejercida en contextos doméstico, laboral y digital, marcando un precedente en la consideración de la violencia telemática como una modalidad grave.

Además de la sanción económica, el juzgado ordenó al infractor pedir disculpas públicas a través de los mismos medios donde difundió los agravios. También se solicitó la eliminación del contenido a dos portales de noticias y se notificó a Google para restringir el acceso a los enlaces. Se advirtió que el incumplimiento de estas medidas acarreará nuevas sanciones.

El fallo subraya que las prácticas de violencia de género persisten incluso en espacios digitales y que estas afectan no solo a las víctimas individuales, sino también al orden democrático y a los principios de igualdad. La decisión del tribunal sienta una base legal para abordar con firmeza los actos de hostigamiento en entornos virtuales.