El Gobierno nacional vetó el fin de semana tres leyes aprobadas por el Congreso que apuntaban a incrementar las jubilaciones, extender la moratoria previsional y declarar la emergencia en discapacidad. La decisión, tomada al límite del plazo legal, responde al objetivo de preservar el déficit cero, uno de los pilares del programa económico. En el oficialismo no hubo margen para medias tintas: el Presidente eligió bloquear los proyectos por completo, descartando cualquier alternativa parcial o redistribución presupuestaria.

El clima en Casa Rosada es de optimismo. Desde el entorno presidencial aseguran contar con los aliados suficientes para impedir que la oposición logre los dos tercios necesarios para revertir los vetos. En paralelo, los operadores políticos aprovecharon el plazo legal para negociar y asegurar asistencia parlamentaria. La comparación con votaciones pasadas refuerza la confianza libertaria: en casos similares, el número de votos negativos superó los 80.

En paralelo al frente legislativo, el Gobierno mantiene conversaciones con gobernadores por fondos y proyectos provinciales. Mientras se evalúa la posibilidad de prorrogar nuevamente el presupuesto nacional, algunos mandatarios buscan avanzar con iniciativas como la eliminación de fondos fiduciarios o la coparticipación del impuesto a los combustibles. Sin embargo, el alineamiento electoral con La Libertad Avanza parece condicionar las decisiones de varios gobernadores, debilitando la presión sobre el Ejecutivo.

El escenario más probable para esta semana es que no se trate ninguna reversión de los vetos, ni tampoco se aprueben los proyectos impulsados por los gobernadores. En ese contexto, el oficialismo consolidaría su control del debate legislativo sin necesidad de ceder frente a demandas fiscales. No obstante, la estrategia de diálogo directo con los jefes provinciales y las negociaciones en torno al Presupuesto 2026 serán clave para sostener esa ventaja en el tiempo.