El 6 de agosto de 2025, la Cámara de Diputados aprobó la Ley de Financiamiento Universitario, con 158 votos afirmativos, 75 negativos y 5 abstenciones, en una sesión que se extendió hasta la noche. El proyecto, que será ahora enviado al Senado, busca actualizar las partidas presupuestarias para el funcionamiento de las universidades, los hospitales universitarios, la ciencia y la tecnología, y la extensión universitaria a partir del 1° de enero de 2025. Las partidas se ajustarán según la inflación acumulada en 2023 y 2024, lo que busca garantizar la estabilidad y el buen funcionamiento de los sistemas educativos y de salud vinculados a las universidades.

Durante la extensa jornada, también se debatieron otros proyectos importantes, como la declaración de emergencia en la salud pediátrica y las residencias nacionales, la eliminación de fideicomisos y fondos nacionales, y la emergencia en los municipios de Bahía Blanca y Coronel Rosales. Además, se discutió la promoción de la salud cerebral y la situación de la ciencia y la tecnología, así como una serie de decretos relacionados con la disolución de organismos del Ministerio de Economía y la preservación del Banco Nacional de Datos Genéticos.

En las calles, los jubilados autoconvocados, trabajadores del Hospital Garrahan y las Abuelas de Plaza de Mayo participaron en manifestaciones, exigiendo mejoras en las pensiones, la defensa de la salud pública y la preservación de derechos fundamentales. Estas manifestaciones ocurrieron en paralelo a las discusiones en el Congreso, reflejando las tensiones sociales en torno a las políticas actuales y la situación económica.