La provincia de Mendoza puso en vigencia un protocolo sanitario que contempla sanciones penales para padres, madres o tutores que incumplan con el calendario nacional de vacunación. Las penalizaciones incluyen multas que comienzan en $336.000, arrestos de hasta cinco días en centros penitenciarios y la realización de trabajos comunitarios en hospitales públicos.

La normativa establece que las vacunas deben ser aplicadas sin importar la voluntad de los adultos responsables. La denuncia del incumplimiento es obligatoria para el personal educativo, agentes de salud, funcionarios y trabajadores municipales. Una vez detectado un caso, se notifica formalmente a la familia y se otorga un plazo de 30 días para regularizar la situación.

Si transcurrido ese período no se presentan pruebas de cumplimiento, se activa un procedimiento sancionatorio. El caso se deriva al Equipo Técnico Interdisciplinario (ETI) y se formaliza la denuncia ante la autoridad correspondiente. A partir de ahí, la sanción se aplica según el Código Contravencional de Mendoza.

Además de la multa económica ajustable por índices oficiales, el protocolo prevé el arresto de los responsables o la obligación de realizar tareas comunitarias, dependiendo de la gravedad y recurrencia del caso. Estas medidas apuntan a garantizar que todos los menores estén protegidos contra enfermedades prevenibles y a sostener la inmunidad colectiva.

La decisión fue tomada por el Ministerio de Salud provincial con el objetivo de fortalecer el sistema de prevención sanitaria, reducir riesgos de brotes y cumplir con obligaciones legales de salud pública. También responde a demandas de organismos de control y busca proteger especialmente a niños con condiciones que les impiden recibir vacunas.