Este miércoles13 de agosto vence el plazo fijado por el Tribunal Oral Federal 2 para que los condenados en la causa Vialidad depositen $648.000 millones en concepto de reparación por el desvío de fondos de la obra pública en Santa Cruz. Hasta el momento, la cuenta judicial abierta en el Banco Nación no registra movimientos, por lo que, de persistir la situación, el tribunal deberá iniciar la ejecución de los bienes embargados al inicio del proceso.

El monto a devolver es solidario, lo que implica que los condenados deben acordar entre ellos cómo se cubrirá la suma total. En el caso de Cristina Fernández de Kirchner, la situación es compleja: en 2016 transfirió todo su patrimonio a sus hijos, Máximo y Florencia Kirchner, y declaró como único ingreso su jubilación. A esto se suma que mantiene otros embargos, como el de la causa Hotesur-Los Sauces, que incluye propiedades en distintas provincias, terrenos, vehículos y cuentas bancarias.

Los bienes bajo la mira de la Justicia incluyen cuatro cajas de ahorro, plazos fijos, cuentas comitentes, una caja de seguridad y propiedades en lugares como Puerto Madero, Río Gallegos y El Calafate. También se registran cuentas en la Caja de Valores y en el Registro de Tenedores de Bonos. Una alternativa más compleja para avanzar sería cuestionar la herencia anticipada que la expresidenta hizo a sus hijos, intentando demostrar que tuvo como fin evitar el decomiso.

En paralelo, Cristina Kirchner inició acciones judiciales para recuperar su jubilación de privilegio y la pensión como viuda de Néstor Kirchner, beneficios que le fueron suspendidos tras su condena en Vialidad. Argumenta que la medida afecta su derecho a la seguridad social y a la subsistencia, ya que no posee otros medios de ingreso. Sin embargo, en caso de que la Justicia decida embargar parte de su jubilación, el porcentaje sería mínimo frente al monto reclamado.

El Tribunal Oral Federal podrá ordenar el juicio de ejecución contra los bienes ya identificados por los fiscales de la causa. La decisión que se tome después del vencimiento del plazo será clave para determinar si el Estado logra recuperar, total o parcialmente, la suma fijada como reparación del daño ocasionado al erario público.