Este miércoles, a las 9:30, venció el plazo otorgado por el Tribunal Oral Federal 2 para que Cristina Fernández de Kirchner y el resto de los condenados en la causa Vialidad depositaran $648.000 millones en concepto de decomiso. Ninguno de los implicados cumplió con la obligación, lo que habilita a la Justicia a iniciar la ejecución de los bienes embargados.

La causa Vialidad investigó un esquema de desvío de fondos en la obra pública de Santa Cruz y concluyó con condenas a varios exfuncionarios, incluida la expresidenta, quien recibió seis años de prisión e inhabilitación perpetua para ejercer cargos públicos. El monto fijado por el tribunal corresponde a la reparación del daño ocasionado al Estado, y es solidario, lo que implica que los condenados deben cubrirlo en conjunto.

En el caso de Cristina Kirchner, el avance sobre su patrimonio enfrenta obstáculos. En 2016 transfirió todos sus bienes a sus hijos, Máximo y Florencia Kirchner, y declaró como único ingreso su jubilación. Además, tiene embargos vigentes por otras causas, como Hotesur-Los Sauces, que incluyen propiedades, cuentas bancarias y plazos fijos.

El tribunal podrá ejecutar bienes ya identificados por los fiscales, como cajas de ahorro, cuentas comitentes, una caja de seguridad, propiedades en distintas ciudades y terrenos. También existe la posibilidad de que la Justicia investigue la cesión de bienes a sus hijos para determinar si buscó eludir futuros decomisos.

Cristina Kirchner solicitó días atrás la suspensión del pago, pero con el vencimiento del plazo y la falta de depósitos, la decisión final sobre la ejecución de los bienes queda ahora en manos del Tribunal Oral Federal 2, que deberá avanzar en los próximos pasos para intentar recuperar los fondos.