El Gobierno Nacional pidió la detención de Ariel García Furfaro, dueño del laboratorio HLB Pharma, señalado como responsable del lote de fentanilo contaminado que causó al menos 96 muertes en el país. Desde Casa Rosada cuestionaron la falta de avances del juez Ernesto Kreplak y advirtieron que, si no procesa al empresario, podrían recusarlo por presunto conflicto de intereses debido a su parentesco con el ministro de Salud bonaerense, Nicolás Kreplak. El caso, que algunos ya llaman el "Cromañón sanitario", expuso además irregularidades de control que no se limitaron a una gestión, dejando en evidencia una cadena de omisiones estatales.

La polémica escaló luego de que el ministro de Desregulación, Federico Sturzenegger, responsabilizara directamente a la ANMAT por las muertes, afirmando que el organismo "falló" al permitir que un laboratorio con vínculos políticos operara sin controles adecuados. Sus declaraciones profundizaron la interna con el ministro de Salud, Mario Lugones, y dejaron al descubierto tensiones dentro del propio Gobierno, que ahora intenta mostrar una postura de firmeza frente a la justicia mientras enfrenta críticas por la demora en actuar.

En diálogo con N9, Carlos Rodríguez, secretario general de la Asociación Chaqueña de Anestesiología, remarcó que el fentanilo "es un opioide sintético entre 50 y 100 veces más potente que la morfina" y que "lo utilizamos de manera diaria en anestesia". Aclaró que en Chaco "no hay registro del lote contaminado" y que "por fortuna, estos lotes no están en existencia en la provincia". Además, insistió en que "el problema se generó por la contaminación con bacterias en las ampollas, no por el fármaco en sí".

Rodríguez relató que la alerta nacional sobre el producto de HLB Pharma se emitió recién el 8 de mayo y que "desde ese día todos los colegas, todos los anestesiólogos de la provincia de Chaco estaban informados sobre esta situación". Según explicó, "lo primero que hacemos es prestar atención a no utilizarlo, que es lo que está a nuestro alcance", y señaló que la contaminación "aparentemente se produjo por no cumplir las normas de esterilidad". Aunque evitó especular sobre si fue intencional, advirtió: "Algo pasó y es bastante grave".

El anestesiólogo subrayó que "el fentanilo, administrado por profesionales capacitados, no causa la muerte" y que "en este caso, las muertes están asociadas a la infección que se generó por la contaminación". También quiso despejar miedos: "Quiero brindar la tranquilidad de que el fentanilo es una droga muy segura" y que "no debería dejar de utilizarse bajo esta circunstancia de temor". A su juicio, el episodio es "algo inédito y extremadamente lamentable" que golpea a toda la profesión, ya que "estamos expuestos a esta situación y en el medio de lo que está pasando".

La falta de inspecciones a HLB Pharma desde 2020 y el hallazgo de documentación falsa, evasión tributaria y vínculos con el poder político plantean un cuadro de responsabilidades compartidas. El Gobierno intenta colocarse como querellante activo, pero no puede evitar que parte de las críticas apunten también a la inacción previa de los organismos bajo su órbita. La advertencia de recusar al juez Kreplak, más que un gesto de control, refleja una estrategia defensiva en un caso que involucra al sistema sanitario y a redes de provisión de medicamentos a provincias y al propio Estado nacional. Para Rodríguez, la expectativa es clara: "Esperemos que la justicia llegue a buen puerto con respecto a lo que está pasando".