El 9 de septiembre, Jorge Capitanich y Marta Soneira deberán presentarse ante el Juzgado Federal de Sáenz Peña para prestar declaración indagatoria en una causa que investiga supuestos delitos vinculados a la administración pública. Ambos fueron citados en el marco de un expediente que analiza maniobras de fraude, lavado de activos, malversación y abuso de autoridad.

La citación de Soneira está prevista para las 8.30, mientras que la de Capitanich fue fijada a las 11.30 del mismo día. Un día antes, deberán presentarse otros imputados: Mauricio Ariel Cian, Nelson Ariel Pochón, Diego y Gabriel Soneira, Federico Storti y Leandro Nicolás Bessone.

La investigación se inició el 10 de marzo de este año, a partir de un requerimiento de instrucción presentado por el fiscal federal Carlos Amad. Según la hipótesis fiscal, durante la última gestión de Capitanich se habrían registrado irregularidades en la entrega de tierras fiscales y en la aplicación de beneficios de promoción industrial.

El foco principal de la acusación recae sobre Soneira, quien como titular del Instituto de Colonización habría favorecido con terrenos estatales a su pareja y a un grupo de empresarios. Además, se señala que la modificación del Ordenamiento Territorial de Bosques Nativos mediante el Decreto 2157/22 habría habilitado la maniobra para adjudicar tierras en condiciones presuntamente irregulares.

Los delitos imputados abarcan fraude contra la administración pública y lavado de activos agravado. En el caso de Soneira, también se la acusa de enriquecimiento ilícito, abuso de autoridad, incumplimiento de deberes y negociaciones incompatibles. A Capitanich, por su parte, se le atribuyen cargos por malversación de fondos públicos, abuso de autoridad y negociaciones incompatibles con la función pública.

Las defensas ya plantearon la nulidad del requerimiento fiscal y de las citaciones. Entre los abogados que representan a los imputados se encuentran la exministra de Seguridad Gloria Beatriz Zalazar, que asiste a Capitanich, Soneira y Cian; Nahir Barud, representante de Pochón; y Zacarías Miguel Issolio, por Storti y Bessone. Ahora será la Justicia Federal la que deberá resolver si mantiene el proceso en marcha o acepta los planteos de nulidad presentados.