El Juzgado Federal de Campana dictó un fallo que invalida el veto presidencial a la ley de emergencia en discapacidad, el cual había sido impuesto por el presidente Javier Milei. En su resolución, el juez Adrián González Charvay destacó que "el derecho de los niños con discapacidad prevalece ante cuestiones presupuestarias", asegurando que la medida tomada por el mandatario afectaba los derechos fundamentales de los menores con discapacidad. La ley, aprobada por el Congreso, había sido vetada por el presidente en un contexto de ajuste fiscal, lo que motivó el reclamo de los padres de dos niños con autismo que denunciaron la falta de acceso a los tratamientos necesarios para su desarrollo.

Según los fundamentos del fallo, la medida tomada por Milei fue considerada inconstitucional, ya que ante la situación de emergencia social y económica que enfrentan las personas con discapacidad, las decisiones presupuestarias no pueden anteponerse a la protección de sus derechos. El juez González Charvay sostuvo que el carácter esencial de la ley de emergencia era asegurar la atención integral y los servicios básicos para este sector vulnerable de la población. Las familias afectadas relataron que, debido a los recortes, sus hijos no podían acceder a las terapias necesarias, lo que agravaba su situación.

La decisión judicial establece un precedente importante para que otras familias que atraviesan situaciones similares puedan presentar acciones legales para exigir que se garantice el cumplimiento de la ley y el respeto por los derechos de las personas con discapacidad. El fallo podría tener un impacto significativo en la lucha por una mayor cobertura para los tratamientos y servicios que requieren los niños con autismo, así como en la mejora de las condiciones laborales para los profesionales que trabajan en este ámbito. A pesar de esta victoria parcial, el Gobierno aún tiene la posibilidad de apelar la resolución, ya que se trata de un fallo de primera instancia.

La ley de emergencia en discapacidad, que fue vetada por el presidente Milei, contemplaba importantes modificaciones para mejorar el acceso a las pensiones no contributivas para personas con discapacidad. Entre las principales medidas se incluyen la ampliación de beneficiarios mediante el Certificado Único de Discapacidad (CUD), lo que permitiría que entre 493.000 y 946.000 nuevos beneficiarios pudieran acceder a esta ayuda. Además, la ley proponía ajustes para mejorar los salarios de los profesionales que brindan terapias y servicios de apoyo, e incrementos en los bonos destinados a los trabajadores del sector.

El veto presidencial había desatado una gran controversia, pues se interpretó como un intento por limitar el acceso de las personas con discapacidad a los recursos y servicios fundamentales para su bienestar. Sin embargo, la intervención judicial devuelve temporalmente la esperanza a las familias que luchan por sus derechos, al poner de manifiesto la obligación del Estado de garantizar la igualdad de oportunidades y el acceso a la atención adecuada, especialmente en un contexto donde las personas con discapacidad suelen ser las más afectadas por las políticas de ajuste económico.