La Cámara de Diputados sancionó en las últimas horas de ayer la ley que obliga a distribuir de forma automática y diaria el Fondo de Aportes del Tesoro Nacional, una caja que hasta ahora quedaba bajo control del Poder Ejecutivo y se giraba a las provincias de manera discrecional.

La votación cerró con 143 votos a favor, 90 en contra y 12 abstenciones. El número marcó una mayoría clara, aunque sin llegar a los dos tercios necesarios para bloquear un eventual veto del presidente Javier Milei. La aprobación representó un triunfo para los gobernadores que impulsaron la iniciativa, pese a las divisiones internas que aparecieron en las últimas semanas.

El proyecto establece que el 41,2% de los ATN quedará en manos de la Nación, mientras que el 58,8% restante se distribuirá entre las provincias según los coeficientes de la ley de coparticipación. El fondo, que este año rondaría el billón de pesos, pasará a transferirse de manera automática, sumando ingresos diarios adicionales a los distritos. Según estimaciones de los mandatarios provinciales, el costo fiscal equivale al 0,03% del PBI, alrededor de 253.000 millones de pesos, aunque remarcan que se trata de recursos que ya les corresponden.

En un comienzo, los 24 gobernadores respaldaron la propuesta como forma de presión sobre la Casa Rosada, que en el primer tramo de la gestión de Milei mantuvo la centralización de los fondos. Sin embargo, tras el cierre de las alianzas electorales, varios mandatarios cambiaron de estrategia. Rogelio Frigerio (Entre Ríos), Leandro Zdero (Chaco), Alfredo Cornejo (Mendoza) y Jorge Macri (Ciudad de Buenos Aires), que sellaron acuerdos con La Libertad Avanza, ordenaron a sus legisladores votar en contra. A esa postura se sumó Marcelo Orrego (San Juan), mientras que la diputada chubutense Ana Clara Romero optó por abstenerse.

El oficialismo había intentado frenar el avance del proyecto con un dictamen de minoría en la Comisión de Presupuesto. Esa versión mantenía la discrecionalidad del Poder Ejecutivo para manejar los ATN bajo el argumento de atender emergencias y solo imponía la obligación de coparticipar los remanentes al cierre de cada ejercicio. La propuesta, sin embargo, no prosperó frente al texto que ya contaba con media sanción del Senado.

La nueva ley reconfigura la distribución de un fondo clave para las provincias y abre un nuevo capítulo en la tensión entre el Congreso y el Poder Ejecutivo. Milei tiene la facultad de vetarla, pero si lo hiciera, la oposición debería reunir los dos tercios de ambas cámaras para insistir con la sanción, un escenario aún incierto.