La Justicia federal ordenó la prohibición de salida del país para el ex director de la Agencia Nacional de Discapacidad (ANDIS), Diego Spagnuolo; el ex director de Acceso a los Servicios de Salud de esa agencia, Daniel María Garbellini; y los empresarios Emmanuel, Jonathan y Eduardo Kovalivker, de la droguería Suizo Argentina —todos involucrados en una investigación por presuntos pagos de sobornos vinculados a compras de medicamentos para personas con discapacidad. Por ahora, no hay detenidos en la causa 

La causa se inició tras una denuncia del abogado Gregorio Dalbón, basada en audios filtrados en los que se escucha a Spagnuolo denunciar una red de coimas en su área, donde habría cobrado hasta un 8 % a proveedores, de los cuales un 3 % iría a parar a Karina Milei, junto a otro esquema vinculado a Eduardo "Lule" Menem.  

En ese contexto se llevaron a cabo 15 allanamientos coordinados por el juez federal Sebastián Casanello, a pedido del fiscal Franco Picardi, en ANDIS, la droguería Suizo Argentina y domicilios particulares. En ANDIS secuestraron documentación valiosa, incluidas actas de pagos por más de $10.800 millones a Suizo Argentina. 

Spagnuolo era buscado desde el jueves por la noche, y fue finalmente ubicado al mediodía del viernes en su camioneta Nivus en un country de Pilar. En el operativo le incautaron dos celulares, una máquina de contar billetes, una computadora y documentación de interés para la causa.

El caso Kovalivker: dólares y fugas.

Emmanuel Kovalivker, de la droguería Suizo Argentina, fue interceptado por la Policía en Nordelta cuando intentaba huir, con U$S 266.000 en sobres, $7 millones en efectivo, anotaciones, un teléfono celular y pasaporte que fueron secuestrados 

Su hermano Jonathan habría escapado con dinero: en su casa hallaron tres cajas de seguridad, una con la puerta abierta, bandas elásticas en el piso y U$S 50.000 en una habitación de servicio 

La investigación

El juez Casanello impuso medidas cautelares —como la prohibición de salida del país— para preservar las pruebas y evitar posibles fugas. El Gobierno, por su parte, desvinculó a Spagnuolo y defendió el proceso judicial, sin desmentir los audios filtrados. Desde hace dos días que no hay comunicaciones oficiales vinculadas al caso, en medios ni redes sociales.

El caso golpea duro al gobierno de Javier Milei, que enfrenta resistencias legislativas (como el rechazo al veto sobre la ley de discapacidad) y ahora debe responder también por sospechas de corrupción en su entorno más cercano.