La Corte Suprema de Justicia de la Nación resolvió rechazar el último recurso presentado por los abogados de Pablo Otero, conocido como el "Señor del Tabaco". Con esta decisión, el empresario deberá afrontar el pago de más de 1.400 millones de dólares por impuestos internos que su compañía, Tabacalera Sarandí, nunca abonó durante años de litigio judicial.

La disputa se había iniciado en el gobierno de Mauricio Macri, cuando la tabacalera cuestionó los artículos de la ley que establecen un mínimo para el tributo, alegando que encarecía de manera desproporcionada sus cigarrillos económicos frente a las marcas premium. Tras obtener fallos favorables en instancias inferiores, la causa llegó a la Corte, que el pasado 14 de agosto resolvió la cuestión de fondo y declaró constitucional el impuesto.

El último intento de la defensa buscaba anular esa resolución alegando un desistimiento de la acción y la supuesta adhesión a la moratoria impositiva de la ley 27.743. Sin embargo, el máximo tribunal consideró que la presentación era "insuficiente e inadmisible", al no aportar ninguna constancia que acreditara ese acogimiento. En su respuesta, los jueces recordaron que quien afirma un hecho debe probarlo, y concluyeron que la maniobra era un pedido de nulidad sin sustento jurídico.

La Corte ya había advertido a la defensa que intentaba sostener la nulidad por la nulidad misma, sin fundamentos sólidos. Con el rechazo definitivo, se consolidó el fallo que ratifica la validez de los impuestos al tabaco previstos en la ley 27.430, considerados tanto una herramienta recaudatoria como una medida de salud pública.

Durante años, Tabacalera Sarandí logró mantenerse en el mercado gracias a medidas cautelares que le permitieron no pagar los tributos exigidos, lo que derivó en precios mucho más bajos para sus marcas Master Red, Red Point y Kiel. Esa estrategia le otorgó una gran porción de ventas, en detrimento de otras tabacaleras que sí tributaban.

Con la sentencia ya firme, la empresa de Otero deberá afrontar el pago de la deuda acumulada. El fallo no solo cierra una extensa batalla judicial, sino que también marca un precedente en torno a la aplicación de los tributos internos al tabaco, ratificando la potestad del Estado en su doble objetivo de recaudación y control sanitario.