Por orden del juez federal Sebastián Casanello y a pedido del fiscal Franco Picardi, la Policía de la Ciudad de Buenos Aires llevó adelante este viernes allanamientos simultáneos en todas las oficinas de la Agencia Nacional de Discapacidad (ANDIS) y en la droguería Suizo Argentina. El operativo apunta a reunir documentación y pruebas en el marco de la causa que investiga presuntos pagos de coimas en la compra de medicamentos destinados a programas de discapacidad.

La investigación tomó impulso tras la difusión de audios atribuidos al exdirector de la ANDIS, Diego Spagnuolo, que dieron pie a las sospechas de sobornos en contrataciones estatales. En esos registros aparecen mencionados la secretaria general de la Presidencia, Karina Milei, el operador político Eduardo "Lule" Menem, y los empresarios Emmanuel y Jonathan Kovalivker, dueños de la firma Suizo Argentina. Los investigadores buscan determinar si existieron vínculos concretos entre esos nombres y maniobras de corrupción.

En paralelo a los allanamientos, la Justicia avanza en el análisis de teléfonos y comunicaciones. Peritos entregaron un informe preliminar que confirma la eliminación de mensajes en el celular de Spagnuolo, aunque todavía no se pudo acceder al contenido del dispositivo de Emmanuel Kovalivker por sus altos niveles de encriptación. La fiscalía intenta establecer si en esas conversaciones hay referencias directas al presidente Javier Milei, a su hermana o a empresarios vinculados.

El caso generó un fuerte revuelo político. El presidente Milei negó la veracidad de los audios y aseguró que se trata de una maniobra de la "casta" para desprestigiar a su gestión. Anunció que denunciará a Spagnuolo y calificó la situación como "una opereta" destinada a generar caos social. Pese a ello, el mandatario dispuso la intervención de la Agencia de Discapacidad y la apertura de una auditoría interna para revisar todos los contratos vigentes.

Mientras tanto, Spagnuolo reforzó su defensa legal con la incorporación de los abogados Juan Aráoz e Ignacio Rada Schultze, especializado en derecho penal económico. No se descarta que pueda evaluar acogerse a la figura de imputado colaborador, en un intento por reducir su eventual responsabilidad penal. En el entorno judicial sostienen que el exfuncionario enfrenta una fuerte presión por el alcance que está tomando la investigación.

El avance de esta causa pone bajo la lupa la relación entre funcionarios de primera línea y empresarios del sector farmacéutico. Los allanamientos de hoy marcan un paso clave para esclarecer la trama y definir responsabilidades, en un expediente que combina denuncias de corrupción, audios filtrados y un impacto político que amenaza con escalar aún más en las próximas semanas.