El Gobierno nacional decidió que la Argentina no continúe en el Consejo de Derechos Humanos de las Naciones Unidas y ya envió la notificación correspondiente a la representación diplomática. La medida fue confirmada por fuentes de la Casa Rosada y marca un cambio en la política exterior respecto de la inserción en organismos multilaterales.

Según señalaron los voceros oficiales, "la Argentina no presentará este año su candidatura para integrar el Consejo". La instrucción fue transmitida al representante argentino ante la ONU, Francisco Tropepi, y será ejecutada en Ginebra por el embajador Carlos Foradori.

El presidente Javier Milei ya había adelantado la intención de "reducir la presencia del país en las agencias internacionales" y este paso se suma a lo decidido en febrero, cuando el Ejecutivo resolvió retirar a la Argentina de la Organización Mundial de la Salud (OMS). En esa ocasión, el mandatario había expresado que su prioridad era "alinear al país con socios estratégicos y evitar organismos que se apartan de la defensa de las libertades individuales".

La decisión replica el camino trazado por la administración de Donald Trump en Estados Unidos, que en agosto comunicó su salida del Consejo de Derechos Humanos. El gobierno norteamericano acusó al organismo de "politizarse y actuar con parcialidad". Israel adoptó una postura similar poco después, y el primer ministro Benjamin Netanyahu llegó a afirmar que la ONU "propaga antisemitismo".

El Consejo de Derechos Humanos funciona en Ginebra y está compuesto por 47 Estados miembros elegidos por votación directa de la Asamblea General de Naciones Unidas. Cada mandato dura tres años y puede renovarse una vez. La Argentina había integrado el cuerpo de manera casi ininterrumpida desde la recuperación democrática, con un rol destacado en debates y resoluciones vinculadas a la promoción de derechos fundamentales.

En la Casa Rosada remarcaron que la decisión "no implica un retiro de Naciones Unidas en su conjunto" pero confirmaron que el Ejecutivo seguirá revisando la participación en distintas agencias. Con esta política, el gobierno busca acercar su agenda internacional a la estrategia planteada por Washington.