Burkina Faso aprobó una ley que criminaliza la homosexualidad con penas de entre dos y cinco años de prisión y multas económicas. La normativa fue impulsada por la junta militar que gobierna el país y recibió el voto unánime de la Asamblea Legislativa de Transición (ALT), organismo que reemplazó al Parlamento. Con esta decisión, el país africano endurece su legislación en materia de derechos civiles, alineándose con la tendencia de otras naciones del continente que mantienen sanciones contra la comunidad LGBTI.

El ministro de Justicia, Rodrigue Bayala, precisó que en caso de reincidencia, las personas extranjeras que sean condenadas serán deportadas sin posibilidad de permanecer en el territorio burkinés. "Será expulsada sin más del país", afirmó, reforzando la postura de la administración de Ibrahim Traoré de aplicar normas estrictas en nombre de lo que consideran "conductas contrarias a la tradición".

Desde organismos internacionales no tardaron en expresar su rechazo a la reforma. Amnistía Internacional calificó la medida como un "grave retroceso" que vulnera derechos básicos reconocidos por tratados internacionales. "Nos alarma profundamente la criminalización de las relaciones entre personas del mismo sexo. Esto solo genera discriminación y viola el derecho a la igualdad ante la ley", señaló Marceau Sivieude, director regional de la entidad para África occidental y central.

La legislación aprobada también convive con reformas de otro carácter, como la elevación a 18 años de la edad mínima para contraer matrimonio y la obligatoriedad del consentimiento mutuo. Sin embargo, la decisión de sancionar penalmente la homosexualidad vuelve a ubicar a Burkina Faso en el centro del debate internacional sobre los derechos humanos y la protección de las minorías, en un contexto donde más de 30 países africanos mantienen leyes similares.