Un grupo de mujeres privadas de libertad en la Penitenciaría N°1 "B" Don Santiago de Resistencia inició una huelga de hambre para reclamar lo que consideran la restitución de derechos vulnerados. La medida, que ya lleva cinco días, fue formalizada mediante un comunicado en el que exigen ser escuchadas por las autoridades judiciales y penitenciarias.

"El único medio de reclamo que tenemos es la huelga de hambre (sin sólidos) con la firme finalidad de que nos devuelvan los derechos restringidos por parte del gobierno de turno y algunos jueces", expresaron las firmantes.

Entre las principales demandas planteadas, solicitaron garantizar la comunicación con el exterior a través de teléfonos celulares propios, así como mantener el contacto familiar de forma "íntima y responsable". También pidieron acceso a la educación superior y técnica en modalidad virtual, además de la posibilidad de compartir momentos con allegados que no puedan asistir a las visitas presenciales.

Otro de los puntos destacados fue la inclusión de las internas en el padrón electoral. "Por razones del gobierno entrante, hoy en funciones provincial y nacional, a las privadas de libertad nos han excluido del derecho político de elegir nuestras autoridades", señalaron en el escrito. La carta fundamenta el reclamo en el artículo 18 de la Constitución Nacional, la reforma de 1994 y en el Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos.

El comunicado también advierte sobre dificultades en el acceso a la justicia. "Pedimos que se respete el debido proceso, que se revisen los pedidos de prisión domiciliaria y que se atiendan situaciones de abandono por parte de defensores oficiales", afirmaron las internas, al tiempo que denunciaron casos de violencia institucional y dilación en las investigaciones judiciales.

Las firmantes remarcaron que los reclamos están respaldados por pactos internacionales como la Convención Americana de Derechos Humanos. "No son ocurrencias de ‘personas privadas de libertad’, sino peticiones que hacen a nuestra natura humana", remarcaron en el documento.

El texto lleva las firmas de More Mariana, Carina Silvay y Verónica Giménez, además de la adhesión de otras 20 mujeres que, según explicaron, prefirieron mantener el anonimato por temor a represalias. Entre las detenidas que no figuran en la lista se encuentra Marcela Acuña, reconocida por difundir cartas manuscritas desde el mismo complejo penitenciario, aunque se cree que habría sido la autora de la misiva.

Las internas concluyeron el comunicado con un mensaje dirigido a las máximas autoridades judiciales: "Esperamos ser oídas". La continuidad de la huelga, aseguraron, dependerá de la respuesta que reciban a sus planteos.