El Gobierno de la Nación decidió suspender temporalmente la baja de pensiones por discapacidad mientras se lleva a cabo una auditoría interna en la Agencia Nacional de Discapacidad (ANDIS). Esta medida se tomó en el marco de una investigación que apunta a esclarecer las irregularidades en la gestión del organismo, que fue intervenido tras la filtración de audios del exdirector, Diego Spagnuolo, en los que se presuntamente revelaban casos de corrupción relacionados con la compra de medicamentos.

Suspensión de la auditoría y la intervención en la ANDIS

El ministro de Salud, Mario Lugones, explicó que las decisiones sobre las pensiones quedarán en pausa hasta que se concluya con la auditoría interna. Este proceso incluye un análisis de las pensiones, las compras realizadas por el organismo y su estructura administrativa. Mientras tanto, no se enviarán citaciones ni se realizarán controles presenciales sobre los 1.013.400 beneficiarios actuales.

"Las bajas están pausadas hasta que se termine la auditoría en la agencia de discapacidad, que continúa con un foco en tres cuestiones: las pensiones, las compras y la estructura. En función de eso se tomarán medidas a seguir", explicó una fuente cercana al Ministro Lugones.

Irregularidades en la gestión anterior

La ANDIS había llevado a cabo una serie de bajas durante la gestión de Spagnuolo, quien fue desplazado luego de la intervención. Se detectaron irregularidades en la asignación de pensiones, con casos de documentación falsa y personas ya fallecidas en el sistema. A lo largo de la administración del exdirector, 128.667 beneficiarios fueron dados de baja, de los cuales 110.522 estaban relacionados con pensiones mal otorgadas, 8.107 pertenecían a personas fallecidas y 10.038 eran beneficiarios que renunciaron voluntariamente a la ayuda.

La intervención y el impacto político

A raíz de las filtraciones de los audios de Spagnuolo, en los que se mencionaban sobreprecios en las compras de medicamentos, el Gobierno decidió intervenir la ANDIS y iniciar una investigación sobre la gestión del organismo. Además, el Ejecutivo estudia la posibilidad de transformar a la ANDIS en un área dependiente del Ministerio de Salud, lo que permitiría una mayor supervisión. Sin embargo, debido a la falta de facultades delegadas en materia administrativa, esta reforma requeriría la aprobación del Congreso.

Reacciones políticas

El jueves 4 de septiembre, la oposición logró revertir el veto presidencial y aprobó la ley que declara la emergencia en discapacidad hasta el 31 de diciembre de 2026. Esta ley contempla la reformulación de las pensiones no contributivas, la actualización de aranceles y compensaciones económicas. La medida obtuvo 63 votos a favor, de fuerzas como el kirchnerismo, varios radicales y bloques provinciales, y tan solo 7 en contra.

El presidente Javier Milei expresó su preocupación por el impacto fiscal de la ley y adelantó que tiene la intención de judicializar la cuestión para evitar los aumentos previstos.