El Poder Ejecutivo, a través del presidente Javier Milei, envió este miércoles al Congreso el veto total a la ley de financiamiento universitario, aprobada por ambas cámaras. El gobierno aduce que la iniciativa implica un costo fiscal inaceptable y compromete el control del gasto público, por lo que se consideró incompatible con los pilares del programa económico oficial. La norma, que disponía la actualización por inflación de partidas operativas, paritarias docentes y becas, fue considerada insostenible por el Ejecutivo y por eso fue rechazada de forma inmediata.

En el Congreso, la oposición ya evalúa convocar una sesión especial para intentar revertir el veto. Si bien la ley había sido sancionada en Diputados con 158 votos afirmativos, no alcanzaba los dos tercios necesarios para insistir. Para que el veto sea rechazado ahora, se requiere una mayoría agravada, lo que obliga a la oposición a sumar voluntades en medio de un bloque oficialista disperso. También se prolongan los debates sobre otras normativas vetadas en paralelo, como las emergencias en pediatría y el reparto de fondos ATN, cuya situación todavía no fue decidida.

En el terreno universitario, el rechazo generó inmediatas reacciones. Los decanos de las 13 facultades de la UBA, junto al rector y vicerrector, solicitaron al Ejecutivo que reglamente en lugar de vetar la ley. En tanto, en Rosario, el rector advirtió que sin un presupuesto actualizado, "llegar al fin de año será cuesta arriba" y adelantó que convocarán a una marcha federal si el Ejecutivo confirma la medida. La comunidad académica expresa su preocupación ante el avance de la política de ajuste sobre la educación pública.

Este episodio se inscribe en un contexto más amplio de tensiones entre el Ejecutivo y el Legislativo. El gobierno mantiene su postura de ajuste fiscal estricto pese a derrotas electorales recientes, y el Congreso se muestra cada vez más hostil: revocó vetos presidenciales recientes y limita el uso de decretos. Hoy se abre una nueva disputa decisiva que podría definir la sostenibilidad del sistema universitario público argentino.