La Universidad de Buenos Aires (UBA) anunció este jueves que pondrá en marcha un plan de restricción a raíz del veto presidencial a la ley de financiamiento universitario. La decisión fue comunicada en una conferencia de prensa encabezada por autoridades de la institución, quienes alertaron sobre el impacto que tendrá la medida en el funcionamiento de las universidades nacionales.

Entre las primeras acciones se aplicarán cambios en el uso de la energía eléctrica con el objetivo de reducir gastos. También se reconoció que las becas de investigación ya sufrieron recortes y que existen dificultades para sostener el mantenimiento edilicio. Los responsables de la universidad advirtieron que la falta de actualización presupuestaria obliga a trabajar con un esquema de emergencia para poder finalizar el año.

Durante la conferencia, se subrayó que la ausencia de una norma específica genera un vacío legal que impide planificar de manera adecuada las actividades académicas, científicas, sanitarias y de extensión. Las autoridades remarcaron que el sistema público universitario enfrenta una etapa crítica y que, sin un cambio, será difícil garantizar la continuidad de las tareas habituales.

Además de las medidas internas, la UBA convocó a los legisladores a rechazar el veto presidencial y apeló al respaldo social para mantener el reclamo. En ese sentido, se informó que se organizará una movilización el mismo día en que el Congreso discuta el tema. La iniciativa había sido aprobada en Diputados a principios de agosto con 158 votos afirmativos, aunque no alcanzó la mayoría especial de dos tercios que se necesita para insistir con la ley frente al veto del Ejecutivo.

En paralelo, los gremios docentes y no docentes resolvieron llevar adelante un paro nacional de 24 horas el próximo viernes 12 de septiembre. La medida fue anunciada por la Federación de las Universidades Nacionales junto a otras organizaciones sindicales del sector, que además confirmaron la realización de una nueva Marcha Federal. La protesta coincidirá con la sesión parlamentaria que analizará el futuro de la norma.

Los sindicatos advirtieron sobre la situación salarial de los trabajadores universitarios, marcada por renuncias y pérdida de profesionales en áreas científicas y educativas. Señalaron que el sistema funciona actualmente con un presupuesto prorrogado por segundo año consecutivo, lo que limita la previsibilidad y agrava el déficit operativo. La combinación de estos factores, agregaron, compromete la estabilidad del sistema universitario público en todo el país.