En una votación contundente, el Senado rechazó este jueves el veto que el presidente Javier Milei aplicó a la ley que obliga al reparto automático de los Aportes del Tesoro Nacional (ATN) con las provincias. La sesión, presidida por Victoria Villarruel, concluyó con 59 votos a favor, 9 en contra y 3 abstenciones, consolidando así una amplia mayoría opositora que busca sostener la norma impulsada por los gobernadores. El proyecto ahora deberá definirse en la Cámara de Diputados, donde el oficialismo ya sufrió el rechazo a los vetos en materia universitaria y sanitaria.

El debate estuvo atravesado por fuertes críticas a la Casa Rosada y al ministro de Economía, Luis Caputo. Senadores de la UCR y del peronismo denunciaron que el Gobierno retacea sistemáticamente las partidas de ATN para utilizarlas de manera discrecional y mostrar un déficit cero que "no existe". "Se guardan los fondos que corresponden a las provincias para disimular un equilibrio fiscal ficticio", advirtió el radical Pablo Blanco, mientras que el catamarqueño Guillermo Andrada remarcó que los recursos no pueden seguir siendo usados como "salvavidas políticos".

Desde el oficialismo, la defensa del veto quedó en manos del jefe de la bancada libertaria, Ezequiel Atauche, quien replicó que quitarle al Ejecutivo la facultad de administrar los ATN afectaría la posibilidad de atender emergencias. "¿Qué van a hacer los gobernadores, una vaquita en un asado?", ironizó el legislador jujeño. También se sumó Francisco Paoltroni, formoseño que volvió al bloque oficialista y cuestionó a la oposición por "exigir sin ofrecer soluciones". Sin embargo, esas posturas quedaron claramente en minoría frente a un recinto colmado por críticas al rumbo fiscal del Gobierno.

El fondo de Aportes del Tesoro Nacional, creado por la ley de Coparticipación, se nutre con el 1% de la recaudación impositiva nacional. Para 2025, el Presupuesto proyecta más de 569.000 millones de pesos. Según los gobernadores, el manejo discrecional de esos recursos profundizó la crisis financiera de los distritos tras la paralización de la obra pública y la caída de transferencias. Por este motivo, la sanción de la ley en agosto fue interpretada como una respuesta federal frente al ajuste central, y el rechazo del Senado al veto presidencial marca un nuevo capítulo en la pulseada entre Milei y las provincias.