Bolivia dio un paso decisivo en la protección de los derechos de niñas y adolescentes con la aprobación de una ley que fija en 18 años la edad mínima para contraer matrimonio o conformar una unión libre. La norma elimina definitivamente las excepciones que hasta ahora permitían casamientos de menores con autorización de sus padres o mediante decisiones judiciales.

El cambio legislativo fue aprobado en la Cámara de Diputados, tras haber sido sancionado en el Senado cuatro meses antes. De esta manera, se modifica el Código de Familia, que hasta hoy habilitaba los matrimonios infantiles en determinadas circunstancias. Con la nueva disposición, solo podrán formalizar una unión aquellas personas que hayan alcanzado la mayoría de edad.

Los datos oficiales evidencian la dimensión del problema que se busca erradicar. La Defensoría del Pueblo registró, entre 2014 y 2023, al menos 487 matrimonios de niñas de entre 12 y 15 años, además de 4.804 uniones de adolescentes de 16 y 17 años. En todos esos casos, el aval provenía de familiares o de decisiones judiciales, lo que derivaba en la vulneración de derechos básicos y en la interrupción de la escolaridad.

La nueva ley no solo tiene un alcance jurídico, sino que también genera un impacto social de relevancia. Al impedir uniones tempranas, se busca garantizar que niñas y adolescentes puedan completar su formación educativa, evitar embarazos no deseados en edades tempranas y reducir situaciones de violencia intrafamiliar derivadas de matrimonios forzados.

Organizaciones de la sociedad civil, colectivos feministas y defensores de derechos humanos celebraron la medida, a la que consideraron un avance sustancial en la lucha contra las prácticas que refuerzan desigualdades estructurales. Además, remarcaron que el país andino se alinea con compromisos internacionales asumidos en el marco de la Convención sobre los Derechos del Niño y otras normativas de Naciones Unidas.

La decisión de Bolivia se inscribe en una tendencia regional en la que varios países de América Latina avanzaron hacia la prohibición del matrimonio infantil. El nuevo marco legal se proyecta como un ejemplo en el continente y transmite un mensaje claro: la niñez y la adolescencia son etapas que deben estar resguardadas por políticas públicas, alejadas de prácticas que limitan su desarrollo integral y perpetúan la desigualdad.