El juez federal de La Plata, Ernesto Kreplak, resolvió el procesamiento de Ariel García Furfaro, propietario de HLB Pharma y Laboratorios Ramallo, junto a otros trece ejecutivos de las compañías, en la investigación por la producción y distribución de fentanilo contaminado. La medida judicial incluye la prisión preventiva de varios de los imputados y embargos multimillonarios. En el caso de García Furfaro, el monto fijado alcanzó un billón de pesos.

La causa se centra en el vínculo entre la adulteración de los medicamentos y la muerte de al menos 20 pacientes, con una posible asociación a otros 124 fallecimientos. La resolución, de más de 400 fojas, describe incumplimientos sistemáticos de las normas de fabricación y controles de calidad, lo que habría permitido la liberación de lotes defectuosos. El juez sostuvo que las responsabilidades abarcan tanto a la dirección como a los responsables técnicos y de gestión.

Entre los procesados se encuentran integrantes de la familia García, directores técnicos, responsables de manufactura y control de calidad. La imputación recae en la figura de adulteración dolosa de sustancias medicinales con resultado de muerte, en concurso con adulteración peligrosa para la salud pública, delitos que prevén penas de entre 10 y 25 años de prisión.

Además de las prisiones preventivas, el magistrado dispuso la inhibición general de bienes y la prohibición de salida del país para todos los imputados, incluidas las personas sobre las que se dictó falta de mérito. En algunos casos, como el de Nilda Furfaro y Carolina Ansaldi, se estableció la detención domiciliaria. En tanto, Damián García obtuvo la excarcelación por considerar que su rol en el laboratorio fue menor.

El fallo remarcó que la adulteración se habría producido en el marco de una política deliberada de reducción de costos y simulación de controles, priorizando la rentabilidad empresarial sobre la seguridad de los pacientes. Entre las pruebas destacadas figuran registros documentales falsificados, chats internos y testimonios que evidencian la manipulación de información y la ocultación de irregularidades frente a inspecciones oficiales.

La magnitud de los embargos refleja la gravedad atribuida a las conductas investigadas. A los montos aplicados a García Furfaro se suman cifras que oscilan entre 10.000 y 500.000 millones de pesos para el resto de los procesados. La investigación sigue abierta y el juez Kreplak advirtió que aún quedan medidas de prueba por concretar respecto de algunos imputados, mientras que las familias de las víctimas reclaman justicia por las muertes vinculadas a los medicamentos adulterados.