En una jornada de fuerte tensión política, el Senado de la Nación rechazó el veto presidencial a la Ley de Financiamiento de la Educación Universitaria y Recomposición del Salario Docente, registrada bajo el número 27.795. Con 58 votos a favor, 7 en contra y 4 abstenciones, la oposición alcanzó los dos tercios necesarios para insistir con la norma y dejar sin efecto el decreto 647/2025 firmado por el presidente Javier Milei el pasado 11 de septiembre.

El resultado fue contundente y se celebró en las inmediaciones del Congreso, donde gremios docentes y organizaciones estudiantiles realizaban una "Radio Abierta" en apoyo a la norma. Allí también participaron trabajadores del Hospital Garrahan, en coincidencia con la votación de la ley de emergencia pediátrica, que también fue ratificada en la misma sesión con 59 votos positivos.

La Constitución Nacional establece que, para revertir un veto presidencial, ambas cámaras deben aprobar nuevamente la ley con mayoría especial. Con este paso, la iniciativa recupera plena vigencia y no podrá ser objetada otra vez por el Poder Ejecutivo. Sin embargo, subsiste la incertidumbre respecto a su aplicación práctica, ya que el Gobierno podría alegar la falta de recursos presupuestarios para suspender su implementación, como ocurrió previamente con la ley de emergencia en discapacidad.

La norma busca responder a la grave crisis que atraviesan desde hace más de un año y medio las universidades públicas del país. Entre sus principales puntos se destacan la actualización de los gastos de funcionamiento al 1° de enero de 2025, la recomposición salarial de docentes y no docentes según la inflación, y la obligatoriedad de paritarias periódicas. La sanción se interpreta como un fuerte revés político para la Casa Rosada, que ahora deberá decidir cómo afrontar el cumplimiento de la ley en un escenario fiscal extremadamente ajustado.