Con 140 votos afirmativos, 80 negativos y 17 abstenciones, la Cámara de Diputados sancionó este miércoles la ley que limita el uso de los Decretos de Necesidad y Urgencia (DNU), restringiendo una de las herramientas más utilizadas por el Ejecutivo para legislar sin pasar por el Congreso. La norma, impulsada por sectores de la oposición, establece que los decretos solo tendrán validez si son aprobados por ambas cámaras dentro de los 90 días de su publicación, y caerán automáticamente si una de ellas los rechaza.

La Casa Rosada ya anticipó que el presidente Javier Milei vetará la ley, argumentando que busca "obstaculizar la gobernabilidad". Sin embargo, el Congreso no alcanzó los dos tercios necesarios para revertir un eventual veto. Desde la oposición, en cambio, aseguraron que el veto no sería aplicable en este caso, ya que el artículo 99 inciso 3 de la Constitución otorga al Parlamento la potestad exclusiva de regular el trámite de los DNU. "Si el Presidente se entromete, estaremos ante un conflicto de poderes. Esto no es materia de veto", advirtió el radical Pablo Juliano.

El proyecto aprobado modifica la Ley 26.122, sancionada durante el gobierno de Néstor Kirchner en 2006, que permitía que los DNU entraran en vigencia desde su firma y continuaran activos salvo rechazo expreso de ambas cámaras. La nueva versión invierte el procedimiento: ahora los decretos necesitarán aprobación explícita para continuar vigentes. Miguel Ángel Pichetto defendió la reforma y sostuvo que "no es un ataque al Gobierno, sino una forma de reconstruir la gobernabilidad y el diálogo político", mientras que Nicolás Massot afirmó que "sirve para que el Ejecutivo entienda que necesita construir mayorías".

Desde el oficialismo, en tanto, rechazaron la iniciativa. Nicolás Mayoraz calificó la medida como "desestabilizadora", mientras que Silvana Giudici (PRO) advirtió que la nueva ley "genera inseguridad jurídica". El debate dejó expuestas las tensiones internas en la oposición y marcó una nueva derrota legislativa para el Gobierno libertario, que ahora se prepara para una disputa política y constitucional en torno a la reglamentación de los decretos presidenciales.