Uruguay se convirtió este miércoles en el tercer país de América Latina en legalizar la eutanasia, luego de la aprobación del proyecto de Ley de Muerte Digna en la Cámara de Senadores. La votación, que se desarrolló tras más de diez horas de debate, contó con el respaldo del Frente Amplio y de algunos legisladores del Partido Colorado y del Partido Nacional.

La norma establece la despenalización de la eutanasia para mayores de edad psíquicamente aptos que atraviesen la etapa terminal de enfermedades incurables o irreversibles, o que sufran dolores insoportables derivados de ellas. "Podrán ampararse a las disposiciones contenidas en esta ley los ciudadanos uruguayos naturales o legales y los extranjeros que acrediten fehacientemente su residencia habitual en el territorio de la República", señala el texto aprobado.

Durante la sesión, el senador del Frente Amplio Daniel Borbonet, miembro informante del proyecto, subrayó el carácter garantista de la norma. "Este proyecto ha sido construido con responsabilidad. Muy debatido en diputados, con una comunicación muy directa con senadoras y senadores se llegó a este proyecto. Se han establecido garantías claras para proteger a los pacientes, se deposita confianza en los profesionales médicos y en los equipos de salud. Se ha respetado la voluntad individual", expresó. Además, remarcó que la ley no impone conductas sino que ofrece una opción. "Es un derecho a decidir. No sustituye lo ya existente y no impone conducta. Transcurrir con dignidad el proceso final de la vida cursando una enfermedad intratable, incurable, irreversible, con sufrimiento insoportable y con grave y progresivo deterioro de la calidad de vida no es un delito, por lo que no se debe penalizar a nadie", enfatizó.

En la misma línea, el senador colorado Ope Pasquet defendió la sanción en declaraciones a la Agencia EFE. "La ley es necesaria, liberal y humanitaria. Es necesaria porque hay mucha gente que llega al final de la vida afectada por enfermedades incurables e irreversibles, que padecen sufrimientos insoportables y que a veces algunas quieren acortar la vida para no sufrir hasta el final", afirmó.

Con la aprobación definitiva, el Poder Ejecutivo uruguayo tendrá un plazo de hasta 180 días para reglamentar la ley. La normativa también prevé la creación de una Comisión Honoraria de Revisión, integrada por representantes del Ministerio de Salud Pública, el Colegio Médico del Uruguay, la Universidad de la República y la Institución Nacional de Derechos Humanos y Defensoría del Pueblo. Este organismo será el encargado de supervisar los procedimientos realizados y elaborar un informe anual dirigido a las autoridades sanitarias y a la Asamblea General.

Con esta decisión, Uruguay se suma a Colombia y Ecuador como los únicos países de la región que reconocen legalmente el derecho a la muerte asistida, marcando un nuevo hito en materia de derechos individuales y bioética en América Latina.