El Gobierno nacional avanza en la redacción de un proyecto de reforma laboral que busca modificar la estructura de las negociaciones salariales y los convenios colectivos de trabajo. Tras el resultado electoral que fortaleció al oficialismo, el presidente Javier Milei instruyó a su gabinete a acelerar los lineamientos de una ley que introduzca el concepto de "salario dinámico por mérito" y priorice las paritarias por empresa sobre las de actividad.

En los despachos oficiales sostienen que el objetivo central es adaptar los acuerdos laborales a las particularidades de cada compañía, región o sector productivo. Con este esquema, cada empresa podría definir condiciones específicas con sus trabajadores, dejando en segundo plano los convenios generales firmados por rama o sindicato. Desde la Secretaría de Trabajo, encabezada por Julio Cordero, remarcan que este cambio permitiría mayor flexibilidad y reflejaría la realidad económica de cada empleador.

El proyecto también promueve un nuevo criterio salarial basado en la productividad individual y colectiva. Según la visión oficial, el salario básico se complementaría con montos variables ligados al desempeño y los resultados, con la intención de estimular el esfuerzo y la eficiencia. Este modelo busca dejar atrás la indexación automática de los sueldos a la inflación, reemplazándola por una lógica de incentivos. La idea de "el que más produce, más gana" aparece como eje discursivo del nuevo esquema.

Entre los puntos en estudio figuran la digitalización de los registros laborales, la simplificación de trámites burocráticos, la posibilidad de pactar salarios en distintas monedas y la implementación de bancos de horas. Estas medidas, según el Gobierno, apuntan a reducir costos administrativos y promover la formalidad. Sin embargo, su puesta en marcha podría generar tensiones con los gremios, que advierten sobre el riesgo de una pérdida de derechos laborales. Mientras tanto, el Consejo de Mayo continúa discutiendo los detalles técnicos junto a funcionarios, cámaras empresarias y representantes sindicales antes de su envío formal al Congreso.