La Argentina atraviesa una jornada judicial decisiva en Nueva York. La Corte de Apelaciones del Segundo Distrito examinará la apelación presentada por el Estado nacional en el caso por la expropiación de YPF, una causa que lleva más de una década y se transformó en el litigio más grande de la historia de Estados Unidos contra un país soberano. La audiencia, que se desarrolla en el Thurgood Marshall Courthouse, cuenta con la participación de los jueces José Cabranes, Denny Chin y Beth Robinson, quienes deberán revisar la sentencia dictada en primera instancia por la jueza Loretta Preska.

El fallo original, emitido en 2023, condenó a la Argentina a pagar alrededor de 18.000 millones de dólares, una cifra que creció con los intereses y representa un desafío casi imposible para una economía que enfrenta reservas en niveles críticos. El reclamo fue impulsado por el fondo inglés Burford Capital, que adquirió los derechos de litigar tras la expropiación de 2012 durante el gobierno de Cristina Fernández de Kirchner. Burford busca ahora reincorporar a YPF al proceso, pese a que la compañía estatal había sido desvinculada del caso hace dos años.

El equipo de defensa argentino, integrado por los subprocuradores del Tesoro Juan Ignacio Stampalija y Julio Pablo Comadira junto al estudio Sullivan & Cromwell LLP, centrará su estrategia en cuestionar la competencia de los tribunales estadounidenses y en revisar el cálculo de los intereses y el monto total de la condena. La Procuración sostiene que el juicio no debió realizarse fuera del país y que los fundamentos del fallo contienen errores técnicos y financieros. La contraparte, en tanto, mantiene que las disputas de este tipo suelen resolverse por cifras menores al monto sentenciado.

El resultado de la apelación no será inmediato. Los jueces pueden tomarse varios meses antes de emitir una decisión, y cualquiera de las partes podrá recurrir nuevamente ante la Cámara o solicitar la intervención de la Corte Suprema de Estados Unidos, que solo admite una cantidad limitada de casos. Si la sentencia fuera revisada, estimaciones extraoficiales indican que el monto podría reducirse a cerca de 5.000 millones de dólares si se eliminan los intereses. En cualquier escenario, el desenlace tendrá un fuerte impacto en las finanzas públicas y marcará el rumbo de la relación entre Argentina y los mercados internacionales en un momento de gran inestabilidad económica.