El juicio por jurados por el femicidio de Cecilia Strzyzowski continúa sumando pruebas clave. Durante la jornada de este miércoles 5 de noviembre declararon cuatro testigos, entre ellos el gerente de un local comercial y peritos de la Policía del Chaco, quienes aportaron nuevos elementos vinculados a la investigación del crimen. Con sus exposiciones, el proceso ya acumula 19 testimonios de un total de 53 previstos por la fiscalía y las querellas.

Uno de los testimonios más relevantes fue el de Mariano Maidana, gerente de una sucursal de Musimundo en Resistencia, quien confirmó que el 6 de junio de 2023, apenas cuatro días después de la desaparición de Cecilia, Marcela Acuña y su hijo César Sena compraron un teléfono Samsung S20 FE por 234.999 pesos en efectivo. La operación, registrada por cámaras de seguridad y facturada a nombre de Acuña, es considerada por la fiscalía como una maniobra para eliminar rastros digitales del crimen. Los investigadores sostienen que los Sena habrían descartado sus teléfonos anteriores para evitar el rastreo de sus comunicaciones y borrar evidencias.

También prestó declaración el perito del Departamento de Investigaciones, Alexis Escobar Cruz, quien analizó las cámaras de seguridad ubicadas frente a la vivienda de la familia Sena, en Santa María de Oro 1460. Según su exposición, el 2 de junio —día en que desapareció Cecilia— las imágenes muestran a César Sena saliendo del domicilio con un bulto en la caja de su camioneta Toyota Hilux, acompañado por Gustavo Obregón. Esa secuencia coincide con el horario en que, según la acusación, se habría producido la muerte de la joven y el traslado posterior del cuerpo hacia Campo Rossi.

Las pericias también revelaron que en los días siguientes, el 4 y 6 de junio, las cámaras registraron movimientos compatibles con el ocultamiento y limpieza de la escena: retiro de valijas y muebles que posteriormente fueron hallados quemados o con rastros de sangre. Durante esta cuarta jornada, los peritos del Gabinete Científico ampliaron sus informes sobre los dispositivos electrónicos secuestrados, redes sociales y análisis de antenas. Todas estas pruebas refuerzan la hipótesis fiscal sobre la planificación del crimen y los intentos de borrar evidencia digital y material.