La Secretaría de Educación presentó en el Consejo de Mayo un borrador de la llamada Ley de Libertad Educativa, un documento que propone derogar la Ley de Educación Nacional Nº 26.206, vigente desde 2006. El secretario de Educación, Carlos Torrendell, explicó que el objetivo es "reconocer la libertad educativa, el rol preferente de la familia y un Estado que acompañe de manera subsidiaria". Según fuentes del Ministerio de Capital Humano, el texto "es un borrador en discusión", aunque confirmaron su contenido general.

El proyecto abarca la educación inicial, primaria y secundaria, manteniendo sin cambios la Ley de Educación Superior. Entre los puntos centrales aparece la habilitación formal del home schooling. El documento describe esta modalidad como una de las "formas alternativas de enseñanza", junto con la educación híbrida y a distancia. La propuesta elimina la exigencia de una edad mínima y estipula que los estudiantes podrán acreditar sus aprendizajes "mediante exámenes periódicos". También se permite que las provincias ofrezcan enseñanza religiosa confesional en las escuelas públicas, siempre de manera opcional y fuera del horario de clases.

El borrador se apoya en el concepto de "libertad de contenidos", que autoriza a cada escuela a diseñar planes de estudio propios, respetando los contenidos mínimos comunes establecidos a nivel nacional. Torrendell señaló en varias oportunidades que "la libertad educativa casi no aparece en los documentos oficiales ni en los organismos internacionales", y que el nuevo enfoque busca equilibrar esa ausencia. El proyecto menciona la palabra "libertad" 27 veces, mientras que "Estado" aparece 22, lo que refuerza la intención de redefinir responsabilidades y dar más peso a las instituciones y a las familias.

En materia de organización escolar, el texto plantea un cambio en la forma de medir el ciclo lectivo: establece un mínimo de 540 horas reloj anuales para el nivel inicial y 720 horas para primaria y secundaria. Es una carga inferior a la acordada en el Consejo Federal de Educación para 2024, que preveía 760 y 900 horas respectivamente. Además, el documento reserva un 25% de la carga horaria para espacios curriculares definidos por cada institución, lo que amplía la autonomía pedagógica. El artículo 37 detalla que las escuelas podrán elaborar sus propios reglamentos, administrar recursos y fijar criterios de admisión y disciplina. Para las instituciones estatales se prevé "una transición progresiva hacia un esquema de gestión institucional autónoma".

Otro de los cambios relevantes está vinculado a la evaluación. El borrador establece pruebas nacionales anuales y censales en el último año de primaria y secundaria, ampliando la frecuencia actual. También habilita la difusión de resultados por escuela, sin identificación de alumnos ni docentes. El texto indica que las familias tendrán "derecho a conocer los resultados individuales" y que estos datos podrán utilizarse para monitorear el funcionamiento del sistema educativo. Se mantiene además la obligatoriedad de enseñar contenidos vinculados con la causa Malvinas.

El capítulo financiero plantea modificaciones profundas. Se elimina la meta de inversión del 6% del PBI y se sostiene que el financiamiento educativo es una "responsabilidad compartida" entre Nación y provincias, con un Estado que debe intervenir "de manera complementaria". El proyecto afirma que las instituciones estatales y privadas tendrán igualdad de acceso a los fondos públicos y que podrán existir asignaciones directas para familias o alumnos mediante "becas, vales educativos, créditos fiscales u otros instrumentos equivalentes". También se prevé un sistema federal de monitoreo para evaluar de manera independiente el uso del gasto educativo en cada jurisdicción.

El documento incorpora cambios en el gobierno escolar. Los directores deberán "ejercer liderazgo pedagógico", coordinar equipos y tendrán la posibilidad de "seleccionar y proponer la contratación de docentes y personal no docente", con la posterior ratificación del ministerio provincial. También se crea el "consejo escolar de padres", un espacio obligatorio para la participación de las familias. En cuanto a los docentes, se mantiene la formación inicial de cuatro años y se crea el Instituto Nacional de Formación y Carrera Docente para ordenar la capacitación y la evaluación periódica. El texto indica que "la estabilidad laboral está vinculada al desempeño satisfactorio, la formación continua y la ética profesional".

El borrador, que consta de 136 artículos, continúa en discusión dentro del Consejo de Mayo. Desde el Gobierno remarcaron que la propuesta forma parte de una reforma más amplia que pretende reestructurar el sistema educativo argentino "a partir de la libertad, la diversidad de proyectos educativos y el rol central de las familias". Según funcionarios que participan del debate, "todavía quedan definiciones pendientes" antes de que el texto sea enviado al Congreso.