En una extensa intervención durante la audiencia de cesura, la abogada colaboradora de la defensa de César Sena, Celeste Segovia, planteó la nulidad de la deliberación del jurado y del veredicto de culpabilidad dictado días atrás. Según explicó, su exposición solo se escuchó parcialmente debido a fallas técnicas, pero insistió en que su planteo es central: "planteamos como cuestión previa la nulidad de este proceso de deliberación y el consecuente veredicto por afectación objetiva y subjetiva de la imparcialidad del jurado”. La letrada sostuvo que la decisión del jurado "no es un acto válido de un sistema republicano" y aseguró que el caso estuvo atravesado por "vicios estructurales" que comprometen garantías constitucionales y convencionales.

Segovia describió el entorno del juicio como un escenario de presión social, hostilidad política y exposición mediática. Afirmó que "lo que se produjo en este debate no fue una decisión libre, serena ni imparcial", al señalar que durante el proceso hubo "contaminación ambiental" prohibida por la ley de juicios por jurados. En su alegato enumeró episodios que, según la defensa, influyeron sobre la imparcialidad del jurado: manifestaciones frente a la sala, grupos organizados con megáfonos, funcionarios del Poder Ejecutivo convocando a movilizarse, filtraciones de audios y videos, notas periodísticas sobre los imputados y, según afirmó, incluso ingresos de funcionarios al recinto de sesiones. Para la abogada, la presión externa fue tan intensa que "la imparcialidad objetiva se afecta cuando existen hechos que justifican un temor fundado de parcialidad".

En su exposición, la letrada citó jurisprudencia nacional e internacional para fundamentar su planteo. Mencionó fallos de la Corte Suprema de Estados Unidos —como Sheppard vs. Maxwell, Irvin vs. Dowd y Peyton vs. Young— donde se anularon veredictos por influencia mediática y clima hostil. También hizo referencia al caso *Suárez* de la casación bonaerense, donde se declaró la nulidad de un juicio por considerar que la estigmatización pública condicionó al jurado. Según Segovia, el proceso local replicó esa matriz: "cuando un jurado es arrastrado por la atmósfera y no por la prueba, el juicio deja de ser un acto de justicia", y sostuvo que en el caso Sena "se aplicó derecho penal de autor y no de acto".

La abogada Celeste Ojeda, representante de Marcela Acuña, adhirió al pedido de nulidad  y sumó ejemplos que, según dijo, profundizaron la demonización de su asistida. Señaló la difusión de un audio "no auténtico" atribuido a Acuña en pleno desarrollo del juicio, así como publicaciones sobre supuestos incidentes en la Alcaidía que, según afirmó, eran de fechas anteriores pero se usaron para instalar una imagen negativa. También mencionó entrevistas posteriores al veredicto, como la que involucró a autoridades penitenciarias, y afirmó que todo formó parte de un "contexto de odio" que impactó en la percepción pública del caso. Para la defensora, términos como "clan", repetidos en los medios, contribuyeron a construir un relato que vulneró la presunción de inocencia.

Tanto Segovia como Ojeda insistieron en que el juicio estuvo atravesado por una narrativa pública que condicionó la deliberación y que el sistema de jurados exige proteger a sus integrantes de presiones externas. "Es imposible sostener que un ciudadano común vuelva a su casa y mantenga intacta su neutralidad", expresó Segovia al argumentar que la exposición en redes sociales y medios fue inevitable. Ambas solicitaron que se incorporen como prueba todas las publicaciones, audios, videos filtrados y manifestaciones políticas vinculadas al caso. En caso de rechazo, anunciaron que dejarán planteada la reserva de casación.