La tensión entre Estados Unidos y Venezuela volvió a escalar tras un nuevo ataque atribuido a las Fuerzas Armadas estadounidenses en aguas internacionales del Pacífico oriental. El Comando Sur informó la destrucción de otra lancha que, según inteligencia norteamericana, transitaba por una "ruta conocida" del narcotráfico. El operativo dejó cuatro personas muertas y se enmarcó en la campaña denominada "Lanza del Sur", impulsada por la administración de Donald Trump.

El Pentágono difundió un video del bombardeo, aunque en esas imágenes no se observan armas ni cargamentos ilegales visibles, un punto que volvió a abrir interrogantes sobre los criterios utilizados para autorizar los ataques y sobre la falta de información pública verificable respecto de la identidad de las víctimas. En ese contexto, organismos y sectores políticos comenzaron a reclamar mayor transparencia sobre la inteligencia utilizada para justificar las operaciones.

De acuerdo con el reporte difundido, la ofensiva ya habría implicado la destrucción de más de 25 embarcaciones y un saldo de al menos 99 muertos, todos señalados por Washington como integrantes de redes de "narcoterrorismo". En paralelo, la Casa Blanca sostiene que esos grupos están vinculados al llamado "Cartel de los Soles", una estructura que Estados Unidos atribuye a la cúpula del gobierno venezolano, acusación que Caracas rechaza de manera sistemática.

El ataque se produjo además en medio de un endurecimiento del bloqueo económico y petrolero contra Venezuela. En un mensaje difundido desde Washington, Trump anunció un "bloqueo total" contra buques vinculados al comercio de crudo venezolano y afirmó que la presión se mantendrá hasta que el país "devuelva" activos que, según su versión, fueron "sustraídos ilegalmente" a Estados Unidos. Aunque luego intentó bajar el tono al señalar que no se trata de una declaración formal de guerra, el despliegue militar continúa ampliándose.

Desde Venezuela, la respuesta fue inmediata: la Cancillería solicitó una reunión urgente del Consejo de Seguridad de la ONU para denunciar lo que calificó como una agresión y una violación del derecho internacional. En un comunicado oficial, el gobierno de Nicolás Maduro habló de "piratería" y de una estrategia de "presión máxima" destinada a provocar un escenario de asfixia económica, al tiempo que aseguró que las exportaciones de crudo se desarrollan "con normalidad".

La escalada también generó ruido en el frente interno de Estados Unidos. Un grupo de senadores demócratas presentó pedidos de informes al Pentágono y al Departamento de Estado para que expliquen el marco legal de los bombardeos y advirtieron que las operaciones podrían derivar en responsabilidades internacionales. En paralelo, se aprobó una disposición para exigir la divulgación completa de registros audiovisuales de algunos ataques, mientras crecen las alertas regionales por la posibilidad de que el conflicto siga subiendo de intensidad.