Tras la aprobación del Presupuesto 2026, el Senado sancionó la ley de inocencia fiscal durante una extensa sesión nocturna. La iniciativa fue respaldada por 43 senadores, mientras que 26 votaron en contra, y avanzó sin mayores obstáculos en el recinto. El texto introduce cambios relevantes en el Régimen Penal Tributario, con el objetivo central de actualizar los montos que determinan cuándo una conducta constituye evasión impositiva.

Uno de los ejes principales de la norma es la fuerte elevación de los umbrales monetarios que configuran los delitos tributarios. En el caso de la evasión simple, el monto mínimo pasó de 1,5 millones de pesos a 100 millones. Para la evasión agravada, el piso se incrementó de 15 millones a 1.000 millones de pesos. También se modificaron los valores aplicables cuando existen maniobras destinadas a ocultar al verdadero responsable, como el uso de estructuras interpuestas, instrumentos fiduciarios o jurisdicciones no cooperantes, donde el monto exigido será sensiblemente mayor al vigente hasta ahora.

La ley también redefine los parámetros vinculados al uso de facturación apócrifa u otros documentos falsos. En estos casos, el perjuicio económico necesario para configurar el delito se elevó de manera significativa, buscando diferenciar irregularidades menores de esquemas de evasión de mayor escala. Desde el oficialismo, se planteó que el esquema anterior había quedado obsoleto frente al impacto acumulado de la inflación y generaba distorsiones que afectaban tanto a contribuyentes individuales como a empresas.

Durante el debate, uno de los puntos que concentró cuestionamientos fue el sistema de multas automáticas previsto en la normativa. Legisladores de la oposición advirtieron que las sanciones podrían experimentar incrementos muy elevados en términos porcentuales, lo que generaría un impacto negativo sobre pequeños contribuyentes y pymes. Frente a estas observaciones, el Poder Ejecutivo se comprometió a introducir correcciones a través de la reglamentación para evitar consecuencias no deseadas en los sectores de menor escala.

Desde distintos bloques se expusieron posturas diversas sobre el alcance de la ley. Mientras algunos senadores señalaron que la iniciativa permite una asignación más eficiente de los recursos de fiscalización y reduce la presión sobre contribuyentes de menor capacidad económica, otros advirtieron sobre posibles conflictos judiciales y la delegación de facultades que tradicionalmente correspondían a las provincias. También se plantearon reparos sobre la rapidez del tratamiento y el rol que tendrá la reglamentación en la aplicación práctica de la norma.

El oficialismo defendió la sanción como una actualización necesaria de un régimen que tiene décadas de antigüedad y que no reflejaba la realidad económica actual. Según se explicó en el cierre del debate, la ley apunta a reducir la incertidumbre de quienes buscan regularizar su situación fiscal y a poner el foco del control estatal en las maniobras de mayor gravedad, dejando atrás un sistema considerado anacrónico. Con la sanción en el Senado, la norma quedó lista para su implementación, a la espera de la reglamentación que definirá aspectos clave de su aplicación.