Tras la aprobación del Presupuesto 2026, el Gobierno nacional definió como próximo objetivo legislativo la reforma laboral, con la intención de llevarla al recinto del Senado a partir del 10 de febrero. La estrategia del Ejecutivo, encabezado por Javier Milei, se apoya en reactivar negociaciones con los gobernadores para garantizar los votos necesarios, aunque dentro de ese diálogo comenzaron a aparecer reparos concretos vinculados a un capítulo clave del proyecto.

Las mayores objeciones provinciales se concentran en los artículos referidos al Impuesto a las Ganancias y a la reducción de la carga tributaria. Gobernadores y senadores advierten que esos puntos podrían afectar la recaudación coparticipable que reciben las provincias. "Los gobernadores están un poco preocupados por eso", señaló una fuente legislativa, mientras que desde bancas del Senado precisaron que se observa con atención "la eliminación de lo que se pagaba por la venta de inmuebles y la baja del porcentaje de Ganancias para empresas en las escalas más altas". Desde una provincia aliada al Ejecutivo, que recientemente recibió Aportes del Tesoro Nacional, expresaron su postura con mayor firmeza: "Ya se dio una reducción impositiva para diferentes sectores. Si recibimos menos o no lo compensan de otra manera, no creemos apoyar ese título de la iniciativa".

Este escenario abrió el debate interno sobre eventuales modificaciones al dictamen ya obtenido por Patricia Bullrich, aunque dentro del oficialismo conviven posturas distintas. Mientras un sector de La Libertad Avanza se muestra reticente a introducir cambios, otros admiten ajustes puntuales para sostener consensos, recordando las dificultades que tuvo la Ley Bases. Desde el espacio libertario mantienen expectativas de aprobación y aseguran que las negociaciones se reactivarán a fines de enero: "Después del número que se logró para aprobar el Presupuesto, creemos que va a ser más sencillo conseguir los votos". En paralelo, la agenda legislativa de febrero también incluiría en la Cámara de Diputados el tratamiento del nuevo Código Penal, completando un inicio de año con fuerte impronta parlamentaria.