Las boletas de electricidad que reciben los usuarios residenciales en distintos puntos del país incluyen una serie de cargos e impuestos que poco tienen que ver con el servicio energético en sí y que encarecen de manera significativa el monto final a pagar. En algunas jurisdicciones, estas tasas provinciales y municipales llegan a representar entre un 20% y un 40% del total de la factura, lo que en los hechos termina neutralizando buena parte del impacto de los subsidios que otorga el Estado nacional.

El esquema presenta fuertes diferencias según la provincia o el municipio. Mientras en la Ciudad Autónoma de Buenos Aires o en Misiones los impuestos rondan el 20% del total de la boleta, en Mendoza ese porcentaje trepa hasta el 40% y puede llegar incluso al 80% si se calcula únicamente sobre el valor del servicio eléctrico. En algunos distritos se incorporan cargos por alumbrado, barrido y limpieza, sepelio o servicios de ambulancia, conceptos que se cobran a través de la factura de luz pese a no estar directamente vinculados con la prestación.

Distintos análisis económicos advierten que este sistema tiene un marcado sesgo regresivo. El peso de los impuestos incluidos en las boletas impacta con mayor fuerza en los hogares de menores ingresos, al punto de reducir de manera considerable el alivio que buscan generar las políticas de subsidios. En promedio, la asistencia tarifaria representa alrededor del 6% del ingreso del decil más pobre, mientras que la carga impositiva dentro de las facturas equivale a cerca del 4%.

En los últimos años, el Gobierno nacional impulsó resoluciones y decretos con el objetivo de que las facturas de servicios públicos reflejen únicamente el costo del suministro contratado, sin tasas ajenas a la prestación. Sin embargo, la autonomía fiscal de provincias y municipios dificulta la aplicación efectiva de estas medidas, dando lugar a un escenario heterogéneo en el que cada jurisdicción define su propia estrategia recaudatoria, con impacto directo en el costo de vida de los usuarios.