El Gobierno de Javier Milei volvió a quedar en el centro de la polémica tras un comunicado del Ministerio de Seguridad que impone restricciones a la prensa en la previa del debate por la Reforma Laboral en el Congreso. Bajo el argumento de "preservar la integridad" de periodistas y camarógrafos, la cartera que conduce Alejandra Monteoliva delimitó una zona exclusiva para móviles y lanzó una advertencia que encendió alarmas: "Nuestras Fuerzas actuarán".

El texto oficial recomienda evitar ubicarse entre "eventuales focos violentos" y el personal de seguridad, y sostiene que no acatar estas disposiciones podría implicar una "autopuesta en peligro". La redacción fue interpretada por amplios sectores del periodismo como un mensaje intimidatorio que condiciona la cobertura y anticipa un posible escenario de represión en las inmediaciones del Congreso.

La medida llega cuando está por cumplirse un año de la agresión al fotógrafo Pablo Grillo, quien resultó herido mientras cubría una movilización en la misma zona. Para muchos trabajadores de prensa, el antecedente vuelve aún más grave el tono del comunicado, que lejos de garantizar el libre ejercicio profesional, parece responsabilizar a los periodistas por eventuales hechos de violencia.

En redes sociales y ámbitos sindicales, las críticas no tardaron en multiplicarse. Se cuestiona que el Gobierno, que se autodefine como defensor de la libertad, emita disposiciones que en la práctica cercenan la libertad de expresión y buscan condicionar el registro de posibles excesos en el uso de la fuerza. En un contexto de alta tensión social, el mensaje oficial fue leído como una señal preocupante sobre la relación de la administración Milei con la prensa y el derecho a informar.