El Gobierno nacional extendió hasta junio de 2028 la emergencia pública en materia ferroviaria. La decisión fue formalizada mediante la resolución 12 de la Secretaría de Transporte, publicada en el Boletín Oficial y firmada por el titular del área, Fernando Herrmann. La prórroga se dispuso cuatro meses antes de que venciera el plazo original del régimen, establecido en junio de 2024.

La ampliación del plazo tiene como finalidad continuar con el plan de mantenimiento y recuperación de la red ferroviaria de pasajeros y cargas de jurisdicción nacional, incluyendo los servicios del Área Metropolitana de Buenos Aires. Desde el área de Transporte señalaron que la extensión permite sostener mecanismos extraordinarios de gestión mientras avanza la reorganización del sistema con vistas a una futura privatización, autorizada por la Ley Bases.

El régimen de emergencia había sido declarado en junio de 2024 luego de un choque de trenes en la línea San Martín, a la altura de la estación Palermo. En ese momento, un informe de la Comisión Nacional de Regulación del Transporte advirtió sobre un deterioro estructural en la infraestructura, el material rodante, la programación de inversiones, la situación presupuestaria y los niveles de servicio. A ese contexto se sumaban reclamos gremiales por falta de mantenimiento y deficiencias en distintos recorridos.

En los fundamentos de la resolución se indicó que anticipar la prórroga busca evitar escenarios de incertidumbre que puedan afectar la continuidad institucional y la ejecución de los trabajos en curso. También se argumentó que postergar la decisión hasta las semanas previas al vencimiento habría generado inestabilidad en la planificación y en el cumplimiento del programa de recuperación.

Desde la declaración de la emergencia, el Ejecutivo puso en marcha un esquema de intervenciones consideradas prioritarias. Actualmente se encuentran en ejecución 226 obras y más de 60 acciones estratégicas orientadas a mejorar el estado de las vías, el señalamiento, la infraestructura eléctrica y el material rodante, además de mitigar riesgos operativos.

En cuanto a la distribución de recursos, el 31% de los fondos se destina a trabajos en vías y puentes; el 27% a la compra y reparación de trenes, repuestos para mantenimiento pesado y modernización de talleres; el 26% a obras de señalamiento; el 7% a infraestructura estratégica; y el 5% a intervenciones eléctricas. El resto se aplica a tareas vinculadas con infraestructura deteriorada y seguridad operativa.

Entre las acciones realizadas se informó la renovación de más de 40 kilómetros de vías, la instalación de nuevas señales y la implementación del sistema de frenado automático en líneas del AMBA. También se incorporaron tres locomotoras y 43 formaciones diésel que suman 150 coches de pasajeros, junto con repuestos para más de 500 coches eléctricos y mejoras en instalaciones técnicas. El objetivo declarado es reducir fallas, demoras y cancelaciones, y mejorar las condiciones del sistema antes de abrir el proceso de privatización.