La Cámara de Apelaciones del Segundo Circuito de Nueva York resolvió este viernes mantener suspendida la orden de la jueza Loretta Preska que obligaba a Argentina a entregar el 51% de las acciones de YPF a los fondos buitre Burford Capital y Eton Park, en el marco del juicio por la expropiación de la petrolera. La medida, considerada "administrativa" por especialistas, permitirá que las acciones permanezcan en la Caja de Valores mientras se tramitan las dos apelaciones formales presentadas por la defensa argentina, una contra el fallo de fondo y otra para frenar la entrega de los títulos.

El conflicto judicial comenzó hace una década, cuando Burford adquirió la demanda del Grupo Petersen por la reestatización de YPF y reclamó, junto a Eton Park, una indemnización de 16.099 millones de dólares más intereses diarios. Si bien el Gobierno mantuvo una estrategia de defensa orientada a preservar la soberanía sobre la empresa, las decisiones políticas y designaciones de funcionarios vinculados a los demandantes generaron controversia. Pese a ello, la postura oficial sigue siendo que cualquier venta o transferencia de acciones estatales requiere autorización del Congreso con mayoría especial, de acuerdo con la ley de expropiación vigente.

La decisión de la Cámara posterga el desenlace de un litigio que podría prolongarse durante años. El próximo 25 de septiembre se celebrará la primera audiencia de apelación sobre la sentencia de fondo, mientras que el 27 de octubre, un día después de las elecciones legislativas nacionales, se debatirá en audiencia oral la apelación específica sobre la entrega de las acciones. Este último paso es clave para los fondos buitre, que buscan presionar para obtener un acuerdo más elevado o una resolución definitiva favorable.

En paralelo, los demandantes han intentado sin éxito embargar otros activos estatales como Aerolíneas Argentinas, el Banco Central o ARSAT, argumentando que el Estado ejerce un "alter ego" sobre estas empresas. Analistas advierten que, de prosperar un fallo desfavorable y si Argentina se niega a cumplirlo, el país podría enfrentar un escenario de desacato internacional que afecte su acceso a financiamiento y comprometa acuerdos con organismos de crédito.