Un procedimiento encabezado por la Agencia de Recaudación y Control Aduanero (ARCA) permitió rescatar a 31 trabajadores rurales que eran explotados en campos de la localidad de Pozo Borrado, en el departamento 9 de Julio, al norte de Santa Fe. Entre las víctimas se encontraban dos adolescentes de 17 años. La intervención fue posible tras un operativo conjunto con el Registro Nacional de Trabajadores Rurales y Empleadores (RENATRE), que puso en evidencia las precarias condiciones en las que los empleados eran obligados a vivir y trabajar.

La primera inspección, realizada el 4 de septiembre en el establecimiento "Santa Ana", reveló la gravedad del caso. Los trabajadores permanecían en campamentos improvisados con toldos de nailon, sin acceso a agua potable ni sanitarios, utilizando tachos como baños y durmiendo en el suelo sobre mantas o colchones. La denuncia fue inmediatamente comunicada a la Fiscalía Federal de Rafaela, a cargo de Gustavo Onel, que abrió una investigación por presunta trata de personas con fines de explotación laboral.

Con la causa en marcha, se llevaron adelante allanamientos en otros campos de la zona, donde se hallaron más trabajadores en similares condiciones de hacinamiento. En total, fueron rescatadas 31 personas que cumplían jornadas de diez horas diarias, de lunes a lunes, sin descanso ni derechos básicos. La Justicia identificó a dos ciudadanos que quedaron vinculados a la investigación y que podrían enfrentar cargos por delitos federales.

La detección de este caso pone de relieve la importancia de las inspecciones interinstitucionales en ámbitos rurales, donde la explotación laboral sigue siendo una de las formas más invisibles de esclavitud moderna. El trabajo de ARCA y RENATRE evidenció una vez más la vulnerabilidad de los trabajadores agrícolas y la necesidad de fortalecer los mecanismos de control para erradicar prácticas ilegales que atentan contra la dignidad humana.