La Confederación Argentina de Trabajadores del Transporte (CATT) declaró el estado de alerta y anunció posibles paros sorpresivos y asambleas para el mes de junio, en rechazo al reciente decreto del Gobierno nacional que restringe el derecho a huelga. La decisión fue adoptada tras un plenario de secretarios generales y refleja un creciente malestar sindical ante las reformas que, según denuncian, apuntan a desregular el sistema de transporte y limitar la capacidad de protesta de los trabajadores.

El conflicto se inscribe en el marco del decreto 340, una normativa que redefinió de forma más amplia el listado de actividades consideradas esenciales, lo que implica mayores restricciones para la realización de medidas de fuerza. En la práctica, esto se traduce en exigencias de prestación mínima del 75% para ciertos sectores, lo cual es interpretado por los gremios como una virtual anulación del derecho constitucional a la huelga. La CATT, que agrupa a sindicatos estratégicos como camioneros, ferroviarios y aeronáuticos, busca frenar estas disposiciones con acciones directas.

Mientras tanto, la Confederación General del Trabajo (CGT) recurrió a la vía judicial y presentó un amparo para que se declare la inconstitucionalidad del decreto. La central obrera sostiene que la nueva reglamentación contraviene convenios internacionales con jerarquía constitucional, además de violar el artículo 14 bis de la Carta Magna, que garantiza el derecho a la huelga y la libertad sindical.

En este escenario, se espera un mes de junio tenso, con el transporte público como posible escenario de conflictos. Si bien aún no se definieron fechas concretas, las medidas podrían afectar tanto los servicios terrestres como aéreos y fluviales, con impacto directo en la actividad económica y la circulación diaria. La confrontación entre el Gobierno y los sindicatos del transporte suma así un nuevo capítulo, en un clima de creciente fricción social y política.